El abogado especialista en derechos humanos Omar Mora Tosta denunció este martes que la reorganización de las competencias judiciales en Venezuela no eliminó la jurisdicción de terrorismo, sino que extendió su alcance a más de 600 tribunales penales ordinarios en todo el país. A su juicio, la medida contradice las versiones que presentan la decisión como un desmantelamiento de esta estructura judicial.
«No es que los eliminaron, los multiplicaron«, afirmó el jurista, al cuestionar la interpretación de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Más de 600 tribunales podrán aplicar leyes cuestionadas
Mora Tosta precisó que la reorganización judicial reservó para Caracas los tribunales nacionales de juicio en materia de terrorismo y dos cortes de apelaciones, mientras que las competencias de control fueron distribuidas entre los tribunales penales ordinarios.
En ese sentido, rechazó que la medida represente la desaparición de la jurisdicción especial y advirtió que la nueva distribución permite aplicar en todo el territorio nacional instrumentos legales que, según sostuvo, restringen los derechos ciudadanos.
Entre las normativas cuestionadas mencionó la Ley contra el Odio, la legislación contra el terrorismo y la Ley Simón Bolívar. El abogado considera que estos instrumentos afectan el ejercicio de los derechos civiles, políticos y económicos de los venezolanos.
«En la práctica, el titular es una noticia completamente errada porque no hay ningún desmontaje de la jurisdicción de terrorismo; todo lo contrario, se multiplicaron», insistió.
Consultado sobre las razones por las que algunos actores políticos presentes en la mesa de negociación consideran estos cambios un avance, Mora Tosta manifestó su desacuerdo y ofreció asesoría técnica a las delegaciones para analizar las implicaciones jurídicas de la decisión.
El especialista sostuvo que la recuperación democrática en Venezuela requiere condiciones electorales reales y el cese de la persecución política. Para ello, planteó la eliminación de la jurisdicción especial y la derogación de las leyes que, a su juicio, permiten restringir derechos fundamentales.
Mora Tosta insistió en que no basta con modificar la estructura judicial o introducir cambios parciales en las normativas. Considera necesario eliminar el marco legal que sustenta estas prácticas para avanzar hacia la reinstitucionalización del país.
«Esas leyes no deben ser reformadas ni maquilladas, tienen que ser derogadas, que es el término técnico que se debe usar», expresó.
El abogado concluyó que la derogación de estos instrumentos debe formar parte de un proceso orientado a restablecer las garantías ciudadanas y crear condiciones propicias para la celebración de elecciones en Venezuela.
Prensa Punto Fijo / El Impulso
