¡Bono no es salario! Bajo esta consigna, tanto organizaciones gremiales de la educación como los propios docentes, levantan su voz por una dignificación económica basada en su capacidad profesional, meritocracia y panorama económico nacional.
Desde los entes gremiales educacionales de maestros y profesores, así como desde los sindicatos de trabajadores de la educación en Venezuela, reiteradamente y en nombre de sus agremiados, tanto activos como jubilados, reclaman reivindicaciones salariales y restablecimientos de los beneficios económicos laborales.
Todo ello, con fundamento en su contratación colectiva, la Ley Orgánica de Trabajo, Ley de Educación y su respectivo reglamento vigentes, normas fundamentadas en los preceptos constitucionales.
Dichos reclamos hasta la fecha, han caído en un pozo sin fondo, en oídos sordos por parte del patrón nacional que es el Ministerio del Poder Popular para la Educación, actualmente regido por Héctor Rodríguez.
Por ello se mantienen los reclamos desde los gremios, sindicatos y hasta por docentes que desde su propia plataforma digital emiten reclamos, explican condiciones económicas y laborales actuales para hacer valer sus derechos como trabajadores con un sueldo que está lejos de sostener la dignificación.
MPPE sostiene su política salarial 2026-2027
Mientras esto sucede a nivel de educadores y gremios, para el inicio del año escolar 2026-2027 en Venezuela, el Ministerio del Poder Popular para la Educación sostiene su política salarial reducida a centavos de dólar acompañada por la bonificación que no genera intereses o beneficios económicos en la trayectoria laboral.
La situación actual de los beneficios laborales y económicos de los docentes se caracteriza por una profunda brecha entre las declaraciones gubernamentales oficiales y las denuncias de los gremios independientes debido a la devaluación y la «bonificación» del salario.
La remuneración de los maestros dependientes del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) se compone principalmente de bonos estatales que no generan pasivos laborales, manteniendo el sueldo base congelado.
El Sueldo Base Contractual se mantiene fijado en 130 bolívares mensuales (el equivalente a un salario mínimo legal estancado desde 2022). De acuerdo con la Federación Venezolana de Maestros (FVM), el salario base real de las tablas oscila apenas entre los 0,30 y 1,5 dólares mensuales antes de bonificaciones.
Por su parte, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, asegura que el ingreso mínimo integral de un maestro parte de los 240 dólares y puede elevarse hasta los 506 dólares mensuales según el escalafón, nivel profesional y años de servicio.
Refirió que los educadores reciben de manera mensual indexada el Bono de Guerra Económica (ahora ingreso integral de los trabajadores) y el Cestaticket (ticket de alimentación). No obstante, los sindicatos denuncian que, al no tener incidencia salarial, estos montos no se calculan para las prestaciones sociales, liquidaciones ni vacaciones.
También se anunció al inicio del año escolar en septiembre de 2026, el depósito de un «Bono de inicio de año escolar» por un monto de 12,50 bolívares (menos de 0,50 dólares), una cifra que fue catalogada unánimemente por el gremio docente como un insulto y una humillación ante el costo de la canasta básica.
Deudas contractuales millonarias
La Federación Venezolana de Maestros señala que el Ministerio de Educación arrastra una deuda contractual estimada del 280% en incrementos salariales acumulados desde el año 2018.
Las primas contractuales por antigüedad, profesionalización y geografía han sido progresivamente reducidas o eliminadas.
Sostienen una fuerte pugna gremial por el respeto al artículo 54 de la Ley Orgánica de Educación. Mientras las autoridades intentaron adelantar el regreso a las aulas a inicios de septiembre, los sindicatos defendieron firmemente el derecho a gozar del descanso hasta el 16 de septiembre de 2026, fecha oficial de reincorporación.
Reconocen que el derecho a la jubilación, se mantiene legalmente al cumplir 20 años de servicio y 60 años de edad, o a cualquier edad si se acumulan 25 años de servicio. Sin embargo, el pago final de la jubilación se ha devaluado drásticamente debido a que los bonos mensuales no suman al cálculo de las prestaciones sociales.
Para sumar más depresión y depreciación, el entorno laboral de los docentes públicos enfrenta severas deficiencias estructurales con deterioro de vieja data y a la que se suma las secuelas de los eventos sísmicos, inundaciones y ausencia total de mantenimiento
Ni se diga de la carencia de servicios básicos como el agua potable y ahora la electricidad, así como fallas críticas en los programas de alimentación escolar.
Ante el abandono de cargos por migración o cambio de oficio, el sistema educativo registra un déficit de 13 mil profesores especializados, principalmente en las materias de Matemáticas, Física, Química e Inglés.
Prensa Punto Fijo / El Periodiquito
