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Primero Justicia pidió resolver los apagones antes de financiar el encendido de la Navidad

El partido opositor Primero Justicia (PJ) instó a las autoridades venezolanas a priorizar la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sobre el gasto público destinado a las festividades decembrinas, al tiempo que manifestó su rechazo a la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico y al esquema de cobro indexado al euro.

De acuerdo con declaraciones ofrecidas por Patricia Cueva, presidenta adjunta regional de Primero Justicia en el estado Zulia, numerosas comunidades enfrentan interrupciones prolongadas del suministro eléctrico mientras gobernaciones y alcaldías ejecutan presupuestos para el encendido de alumbrados navideños.

Para sustentar su reclamo, la dirigente citó un estudio de la firma encuestadora Meganálisis correspondiente al período comprendido entre octubre y principios de noviembre de 2026, el cual indica que el 87,6 % de los hogares consultados reportó fallas eléctricas cuatro o más días por semana.

«Las luces de la tarima no llegan a las casas. Encender la Navidad mientras se apaga el país no es celebrar: es burlarse de la gente», señaló Cueva en su pronunciamiento.

Ante este escenario, la vocera partidista solicitó:

  • Priorización del servicio: Garantizar el suministro continuo en sectores residenciales, centros hospitalarios y establecimientos comerciales.
  • Planificación pública: Divulgar un cronograma oficial de administración de cargas (racionamiento) mientras se ejecutan las labores de recuperación del sistema.

Cuestionamientos al marco legal y tarifario

En materia legislativa, la representante de Primero Justicia objetó los alcances de la reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. Según su análisis, el instrumento legal mantiene al Estado como operador, regulador y fiscalizador único del sector. Si bien reconoció que la normativa abre espacio a la participación privada en las áreas de generación y autogeneración, advirtió sobre la ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia en los procesos de selección de contratistas.

Respecto al esquema de facturación, Cueva cuestionó que las tarifas del servicio se calculen tomando como referencia el valor del euro, señalando el contraste con el salario mínimo nacional, fijado en 130 bolívares desde marzo de 2022.Asimismo, exigió a los entes competentes detallar los criterios técnicos de asignación y las fuentes de financiamiento de los subsidios eléctricos anunciados por el Ejecutivo.

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