Jason A. Richman, fiscal adjunto de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) y co-jefe de su Unidad de Seguridad Nacional, solicitó formalmente al juez Alvin K. Hellerstein retirarse del expediente contra el presidente Nicolás Maduro. En una carta enviada al magistrado, notificó que dejó de estar empleado por la Fiscalía Federal el pasado 25 de septiembre, sin ofrecer mayores detalles.
El juez Alvin Hellerstein programó el juicio contra el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, para el 1 de junio de 2027 en la Corte del Distrito Sur de Manhattan. La salida del fiscal federal, con más de una década en el cargo, ocurre a menos de nueve meses del inicio del juicio oral y en un momento en que la defensa ha cuestionado la legalidad del proceso y la revocación de las licencias de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU) para financiar su representación legal.
La marcha de Richman, quien lideró y supervisó la acusación contra la pareja presidencial desde sus primeras etapas, es calificada en el ámbito jurídico como una baja sensible para la estrategia del gobierno estadounidense. Si bien la Fiscalía del Distrito Sur mantendrá el caso bajo el equipo de la división de Seguridad Nacional, la partida de su principal fiscal genera una transición obligada en la jefatura técnica de la acusación.
Este cambio llega en un contexto procesal de alta tensión, marcado por las objeciones de la defensa a la legalidad de la captura, los cuestionamientos a la jurisdicción territorial de las cortes estadounidenses y las trabas en el financiamiento legal. Al sumar esta baja fiscal al deterioro en la salud de Cilia Flores, la estrategia de la defensa eleva el costo político y humanitario de mantener la detención preventiva, reforzando los argumentos para solicitar medidas sustitutivas que flexibilicen su reclusión mientras se acerca la fecha del juicio.
Nota de Diario Vea: Tanto el presidente, Nicolás Maduro, como la primera combatiente y diputada a la AN, Cilia Flores, permanecen bajo secuestro de las autoridades de Estados Unidos, luego de que ambos fuesen plagiados el 3 de enero durante la invasión ordenada por Donald Trump, yque -además de la ilegal operación contra la pareja presidencial-, significó el asesinato de más de 100 personas, entre civiles y militares, siendo 32 de estos oriundos de Cuba.
Prensa Punto Fijo / La Iguana
