A pesar del apartheid de género establecido por los talibanes, las afganas se niegan a quedarse paradas, han creado escuelas clandestinas, redes de resistencia, empresas domésticas y formas de activismo dentro y fuera del país. Al cumplirse cinco años del régimen talibán, expertos internacionales en derecho y en derechos humanos dan un paso al frente y publican una declaración en la que califican el sistema talibán de apartheid de género y reclaman su prohibición expresa en el Derecho internacional.
Las afganas vieron cerrarse su ventana de esperanza el 15 de agosto de 2021. Muchas habían conocido el primer emirato talibán, entre 1996 y 2001, y sabían lo que significaba el régimen de represión, pero había una generación que no vivió en aquel Afganistán y que se resiste a ser enterrada en vida. La Constitución de 2004 consagró formalmente la igualdad de género y, durante las dos décadas de la república, las mujeres entraron en el parlamento, la administración, las universidades, los medios de comunicación o las organizaciones de la sociedad civil.
Hace cinco años, los talibanes echaron el cerrojo a la libertad. Uno de los primeros campos en los que se vio que no cumplirían sus promesas iniciales fue la educación de las niñas y mujeres. Primero les cerraron las aulas de la enseñanza secundaria y, el 20 de diciembre de 2022, prohibieron su acceso a la universidad. Afganistán es hoy el único país del mundo que excluye a las niñas y mujeres de la educación secundaria. Es parte de una arquitectura más amplia de control y represión. Zakia Alikzada, una joven de Kabul, lo expresaba así: “Creo que estoy viviendo en una oscuridad sin futuro, siento que estoy en una prisión”.
La exclusión de las mujeres de la educación y el empleo lastra el futuro del país y, en el caso de la sanidad, crea una grave crisis por la falta de profesionales femeninas en el sector, las restricciones de movilidad y el requisito de que las mujeres sean acompañadas por un mahram (tutor masculino). Todo esto dificulta su atención médica. Se trata de una cadena perversa a la que hay que añadir que las mujeres no pueden ser atendidas por personal sanitario masculino.
